Europa se inspira en la ley de la cadena alimentaria española
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En: abc.es, Digital - 25/04/2018
España se hartó de esperar durante años una la ley que marcara las buenas prácticas en la industria alimentaria. Con los agricultores y ganaderos en la calle protestando por el maltrato que recibían de las grandes cadenas de distribución, el Ministerio de Agricultura propuso desarrollar un marco normativo europeo que garantizara la rentabilidad en todas las líneas, desde el pequeño productor a la gran cadena que verían reguladas algunas prácticas abusivas. Europa no aceptó y el ministro Arias Cañete aprobó la Ley de Cadena Alimentaria antes de marcharse al Parlamento europeo en abril de 2014. Aquella legislación es el modelo que Europa sigue ahora para desarrollar una directiva común sobre este aspecto, de la mano de un país aliado en este aspecto como es Irlanda.
No se pueden vender los productos de primera necesidad por debajo de su coste, dice ahora la Comisión Europea. No es aceptable en 2018 que la leche o el aceite se regalen en los supermercados con la compra de un pack de fregonas o productos de limpieza, pero tampoco lo era en 2013 cuando los productores andaluces estaban asfixiados pidiendo a sus cooperativas o almazaras que pagaran por encima del precio de mercado para poder sobrevivir. Porque era un tiempo en el que no se respetaba el balance contable de los agricultores andaluces y no se miraban los costes de producción de las explotaciones. Un litro de leche, por ejemplo, tenía un coste en aquella época de 0,36 a 0,38 céntimos y se vendió por 0,24 o, incluso, se regalaba. Por esto, España demandó una regulación que ahora es modelo europeo y que tuvo en Andalucía su principal campo de batalla.
Productos esencialesEn los dos primeros años de aplicación, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) denunció en Andalucía más que en ningún otro lugar. Naranjas, aceitunas, aceites, leche, vinos, hortalizas Todos los productos de primera necesidad se veían afectados por el fraude. Phil Hogan, comisario irlandés de Agricultura en Europa desde noviembre de 2014, ha cambiado de opinión. La conciencia de que hay que proteger al eslabón más débil hace que Hogan pretenda, cuatro años después de negársela a España, una normativa bajo los mismos preceptos que la propuesta por Arias Cañete.
La nueva normativa quiere obligar a formalizar siempre un contrato entre productores y empresas
Entre las practicas reguladas está la denostación de la tradición de cerrar tratos con un apretón de manos. La palabra es algo sagrado en el campo, pero esa honorabilidad del pequeño agricultor no existe en los balances contables de cientos de millones que tienen las grandes cooperativas y empresas europeas. La primera gran medida es obligar a un contrato entre productores y empresa o cooperativa a la que venden el producto. Se obliga a un año de contrato bajo un mismo precio y luego se revisa, dependiendo de las calidades y otros parámetros. «Esto otorga una previsión de ingresos, que permite estabilidad en las explotaciones», explica la eurodiputada del PP especializada en Agricultura, Esther Herranz.
La UE plantea en esta directiva la creación de una agencia como la AICA española que persiga las prácticas abusivas. El objetivo es que haya unos precios justos en todos los eslabones de la cadena. En contra está el gran lobby de la leche europeo, formado por los países cuya legislación sobre cooperativas permite que se aglutinen hasta el punto de constituir «monopolios». Holanda, Finlandia, Noruega y Dinamarca se oponen a esta directiva.
Esa oposición ha hecho que el primer borrador no regule todos los intercambios entre productores y empresas, dejando fuera del marco a las multinacionales, que podrían negociar sus propios precios. «El Parlamento cree que no suponen un riesgo», explica Herranz, que señala que en la influencia de la ley española en esta regulación europea se puede ver también el desarrollo de una lista de prácticas que prohibidas y sujetas a sanciones. Ese listado se pondrá en manos de la futura agencia europea de control, que tiene por objetivo velar para que se cumpla la libre competencia entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria en el espacio común, preservando la rentabilidad de todos ellos.
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